¿Con modificación de la ley 5994 se privatizará el servicio de agua p

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  • Gobierno dice normativa no se está adecuando para beneficiar a Arnaud
  • Ley contempla prisión y multas similares al fraude eléctrico

SANTO DOMINGO, RD.- El Gobierno justificó este sábado la modificación de la Ley 5994, del 1 de diciembre de 1962, que crea el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y afirmó que la misma no se hizo para permitir la designación del abogado Wellington Arnaud como director general de la entidad, sino, con el propósito de facilitar un conjunto de alianzas con el sector privado para el desarrollo de acueductos en todo el país.

De esta justificación surge la inquietud de que, si el Gobierno entonces, privatizará el servicio de agua potable en el país, considerado como un servicio de primera necesidad y el acceso a la misma como un derecho de la ciudadanía.

Según la justificación gubernamental, los proyectos que se ejecutarán mediante alianzas público privadas requieren de la formación legal, la capacidad gerencial y política de Arnaud. El primero de los proyectos iniciará en Punta Cana-Bávaro y será anunciado en los próximos días dijo el Gobierno.

Las alianzas público privadas para el desarrollo de proyectos son una propuesta de campaña y uno de los puntos del programa de gobierno del presidente Luis Abinader.

Ya el país tiene experiencia en las alianzas público privadas para el desarrollo de obras importantes en sectores sensibles, aunque los resultados para la población no han llenado del todo las expectativas.

Muchos sectores del país carecen del servicio regular de agua.

Cabe mencionar que estos acuerdos se han dado, incluso antes de la aprobación de la ley 47-20, de Alianzas Público-Privadas de febrero pasado, promulgada por el presidente entonces Danilo Medina.

Entre las modificaciones que traería la ley de Inapa está novedad de que quienes cometan fraude contra la institución serán sancionados con prisión de 3 a 5 días o multa de uno a 10 salarios mínimos del sector público o ambas penas a la vez.

Además, el Inapa quedará facultado para establecer las sanciones administrativas siguientes: a) Multa de uno a 10 salarios mínimos del sector público de acuerdo a la magnitud de los daños causados. b) Desmantelamiento de la conexión ilegal o fraudulenta hecha por el infractor. c) Incautación de los materiales utilizados en la conexión ilegal o fraudulenta.

De ser finalmente promulgadas estas modificaciones, el sector agua se asemejará a otros sectores, como el eléctrico, que incluso tiene una Procuraduría Especializada que persigue los fraudes eléctricos (Pgase).

Experiencias del país en alianzas público-privadas

Además de la construcción de viviendas, que en los últimos años ha sido el sector donde el Gobierno y los empresarios más han cooperado, para la construcción de edificaciones de bajo costo, con proyectos como el de Ciudad Juan Bosch, el país también ha hecho estas alianzas para la construcción de carreteras como la Juan Pablo II, que comunica a Santo Domingo con Samaná y cuyos peajes son atacados constantemente por su alto costo y lo que ha representado para el Estado en términos económicos.

En el considerando cuarto de la Ley 47-20 establece que “la República Dominicana ha experimentado un crecimiento económico sostenido que ha mejorado el clima para la inversión, tanto nacional como extranjera, lo cual genera condiciones propicias para la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructuras y provisión de servicios, en un esquema de confianza y cooperación con los sectores públicos”.

Mientras que el pasado ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, consideró que las alianzas público-privadas serían un elemento clave para satisfacer la demanda de infraestructura y servicios sociales de una manera efectiva, a través de una distribución de riesgos eficiente entre los sectores público y privado.

Aun el Gobierno no ha explicado los detalles de qué pasará con el suministro de agua, considerado como un servicio de primera necesidad y el acceso a la misma como un derecho de la ciudadanía.

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